Ante el mantenimiento de la restricción de consumo de agua que afecta a unos 14.000 portuenses y las declaraciones de fuentes del gobierno municipal, que atribuyen a los inspectores del Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias actuar con exceso de celo por mantener esa restricción, Vecinos por el Puerto-Sí se puede acusa a Marcos Brito de anteponer los intereses de AQUALIA  y los políticos de su gobierno  a la salud de los vecinos. “Nos parece inconcebible que Salud Pública insista en mantener la restricción y Marcos Brito de forma irresponsable pretenda levantarla para eximir a AQUALIA  del cumplimiento de sus obligaciones  y a él y a su gobierno de asumir responsabilidades políticas”, explican.

VxP considera que “echar la culpa a otra Administración de las incapacidades y errores propios constituye la enésima prueba de que el grupo de gobierno de CC-PP y AQUALIA, van de la mano y defienden lo mismo”.

Coello, portavoz de VxP-Sí Se Puede en el Ayuntamiento portuense, recuerda que “mediante Decreto del alcalde de 30 de octubre de 2013 se requirió a AQUALIA que en todo caso antes de diez días, procediera a la elaboración de un plan de actuaciones y la implementación de sistemas de filtración adecuados, previos a la entrada de los depósitos municipales de Mar Dulce y La Montaña, obligación que es obvio que la empresa no ha cumplido, sin que nos conste que haya habido consecuencia alguna por ese incumplimiento”.

VxP añade que “ante tanta tomadura de pelo, apoyamos las movilizaciones anunciadas por las asociaciones de vecinos de Las Dehesas, Calle Nueva y Jeriguilla de San Antonio y estaremos presentes en ellas”.

Así mismo, resaltan que llevan más de un año al exigiendo al grupo de Gobierno compensaciones a los vecinos afectados, que no deberían pagar por un agua que no pueden utilizar. “Es inmoral y de muy dudosa legalidad que se cobre por un servicio que no se presta”, afirma Coello.

Por último el portavoz de VxP-Sí se Puede exige al gobierno que realice la auditoría de gestión sobre el servicio que presta AQUALIA y cuya realización fue aprobada hace meses por el pleno y recuerda que o el Ayuntamiento exige a la compañía multinacional el pago de los filtros y la reparación del depósito de la Vera o acudirán a los tribunales.