En el pasado pleno del 16 de noviembre, volvió a tomar protagonismo el conflicto laboral que el Ayuntamiento mantiene con los funcionarios municipales (ver más información en el siguiente enlace) al haberse adoptado algunas medidas económicas puntuales para compensar el esfuerzo que los funcionarios han mantenido en el contexto del Plan de Ajuste y con una plantilla con cada vez menos personal. Tras las diversas jornadas de protesta que los trabajadores han mantenido a las puertas de las Casas Consistoriales, pareciera que las aguas se hubieran calmado en el enfrentamiento entre las partes para darse un tiempo y un espacio para la negociación.
Para poner en situación a los lectores de Puertodelacruz.com el origen de la situación proviene del año 2010 cuando se establecieron una serie de medidas económicas para abordar la crítica situación económica que padecían las arcas municipales unido a los imperativos establecidos por la administración central para contener el gasto y posibilitar el saneamiento económico. Una de las medidas que mayor impacto tuvo fue la que afectó a los trabajadores del Ayuntamiento, tanto al personal laboral como a los funcionarios. Por aquel entonces ambos colectivos contaban en sus ingresos con 4 pagas extras que se vieron reducidas a 2, entre otros ajustes económicos.
Pero pasados todos estos años, superado el Plan de Ajuste y con las cuentas saneadas el personal laboral recurrió el mantenimiento de estas medidas ante el TSJ que sentenció que se aplicara lo establecido en el Convenio Colectivo del 98 por lo que el Ayuntamiento tuvo que asumir nuevamente el pago de las 4 pagas extras.
Los funcionarios por su parte han venido reclamando una medida similar para ellos pero desde el Ayuntamiento se señala que en el caso de este colectivo no es posible. Para conocer en detalle la posición de la administración le hemos preguntado a la Delegada del Área de Personal del Ayuntamiento Antonia Domínguez.
¿Por qué no es posible en el caso de los funcionarios?
“Ellos quieren recuperar esas dos pagas que perdieron pero hay que recordar que esa situación que había antes de tomar las medidas era ilegal, y no sé cómo podía estar porque éramos el único Ayuntamiento que teníamos eso.
Ningún informe del secretario ni del interventor puede avalar lo que pide la Junta de Personal, pero no hay forma de que entiendan esto, ellos quieren volver a recuperar lo que tenían antes de la adopción de las medidas y hay que decir que eso era ilegal, es ilegal y no se lo podemos dar. En el real decreto del 86 vienen establecidas las retribuciones de los funcionarios y en él se establece claramente que son 2 pagas extras.
El funcionario público se ajusta a la Ley de Presupuestos del Estado, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto del 86 que establece las retribuciones que puede tener un funcionario y de ese marco no nos podemos salir”.
Lo que no termino de entender es como en el pasado sí existían.
“Yo tampoco. Tenían 3 pagas extras y una camuflada como productividad pero que venía a ser lo mismo que una paga extra normal. ¿cómo? yo no quiero meterme ahí”.
En cualquier caso parece comprensible que los trabajadores busquen recuperar unos derechos que perdieron.
“Claro, yo soy empática con ellos y para nosotros hubiera sido más fácil dar de nuevo esas dos pagas extras y nos hubiéramos ahorrado todas las mesas de negociación y toda la tensión que se ha vivido en este aspecto, pero sencillamente la ley no nos lo permite, yo no puedo darles lo que piden porque si no prevarico.
Yo estoy aquí para gestionar el dinero público. A los funcionarios les decimos que valoramos el esfuerzo que han hecho en el marco del Plan de Ajuste y que ha permitido pagar la deuda que tenía el Ayuntamiento, pero nosotros no podemos pagar dos pagas extras más porque es ilegal. Lo hemos consultado con el Jefe del Servicio de Función Pública y me dice lo mismo. No existe una interpretación de la ley que al Ayuntamiento le permita retribuir a los funcionarios como estaban antes de la adopción de las medidas.
Yo los entiendo porque ellos tenían una retribución durante un montón de tiempo y de repente te quitan una cantidad importante de dinero. Pero partimos de una base equivocada, la normativa que regula las relaciones laborales de los funcionarios es distinta a la de los laborales”.
Entonces ¿cuáles son las propuestas del Ayuntamiento para encontrar un acuerdo con los funcionarios?
“La propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos es primeramente elaborar una RPT o Relación de Puestos de Trabajo y conforme a la valoración de los puestos se puede incrementar lo que se denomina el “Complemento Específico” lo cual redundará en las retribuciones de los funcionarios.
La estructura de la RPT ya fue presentada a la Junta de Personal y ahora estamos trabajando en la valoración de los puestos de trabajo para incrementar las retribuciones por ese complemento específico allí donde sea posible.
No obstante, para paliar los esfuerzos que han hecho los funcionarios, ya que se iba hacia la amortizaron (eliminación) de las plazas vacantes y ello podía suponer un colapso administrativo que se evitó, porque en 2015 en las mesas de negociación decidimos no amortizar más plazas vacantes porque si no, no podríamos dar los servicios que estamos obligados a dar a los ciudadanos.
Recientemente llegamos a un acuerdo puntual de unos criterios objetivos para abonar bajo el concepto de Productividad de los funcionarios correspondiente al periodo del 30-11-2017 al 30-11-2018 hasta que se establezcan unos criterios definitivos”.
Es decir que ¿la vía que el gobierno local propone es regular caso por caso el pago por concepto de productividad?
“Nosotros llevamos a la mesa con los funcionarios un borrador del Reglamento de la Productividad ya que a través de esta herramienta sí se puede incrementar las retribuciones, no de todos los funcionarios sino de aquellos que están dando un mejor servicio. Ese borrador lo tiene la Junta de Personal y hasta ahora no nos han hecho llegar ninguna propuesta.
El reglamento es una herramienta compleja ya que se tiene que estructurar por áreas, y cada una de ellas tiene que establecer objetivos alcanzables por sus integrantes para poder cuantificarlo.
Con un reglamento de productividad evidentemente no van a volver al estado en el que se encontraban antes de la adopción de las medidas de ajuste, pero todos aquellos que trabajen, que respondan, los que cumplan objetivos no sólo volver a ese estado sino que lo pueden superar”.
¿Quién valoraría esa productividad?
“La productividad no la valoramos desde el grupo de gobierno sino los técnicos de cada área en base a los objetivos de cada una de ellas, podrán valorar el trabajo de cada trabajador y en consecuencia asignar la productividad. Incluso habrá una valoración de compañero a compañero de forma anónima. En definitiva nosotros no entramos a valorar la productividad”.
Un conflicto con los funcionarios que de momento sigue abierto y que veremos lo que da de sí en próximas fechas con la respuesta de los trabajadores a las propuestas del grupo de gobierno. Un conflicto con muchas aristas, algunas de carácter formal y otras de fondo y en donde cada parte como es habitual en estos casos esgrime y defiende sus razones.
