4 octubre, 2022

Asamblea Ciudadana exige soluciones al problema de ocupación de vía pública

David Hernández: “Caminar por algunas zonas del Puerto de la Cruz es una carrera de obstáculos ante la inacción del gobierno local del PP y CC”

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia “la caótica gestión de la ocupación de la vía pública en el Puerto de la Cruz por parte del gobierno municipal del Partido Popular y Coalición Canaria”, y exige soluciones que pongan fin de una vez a este problema.

David Hernández
David Hernández (portavoz de la ACP)

El portavoz de ACP, David Hernández, asegura que “caminar por algunas zonas peatonales de la ciudad, particularmente en el entorno de la plaza del Charco y en los alrededores de Martiánez, se convierte en una carrera de obstáculos” a causa de la “ocupación abusiva e invasiva de la vía con mesas, sillas y mobiliario diverso de determinados negocios de restauración”. Una situación que, recuerda, “tomó un cariz alarmante ya en el mandato anterior, con Lope Afonso como concejal de Comercio, y que, a su juicio, “con el actual grupo de gobierno, siendo Afonso ya alcalde, se ha enquistado e incluso ha ido a peor, pese a la propaganda del PP y CC”.

Según Hernández, el descontrol llega hasta tal punto que “es habitual ver cómo terrazas de bares y restaurantes ocupan o inutilizan bancos y otros elementos del mobiliario urbano público”. Denuncia también que “a personas en silla de ruedas o con carritos de bebé les resulta materialmente imposible pasar por determinados puntos, lo que supone una limitación intolerable del derecho a la movilidad que debe primar en una ciudad moderna y ordenada”. De igual forma, alerta del peligro” que implica esta sobreocupación “en caso de que tenga que pasar una ambulancia para atender a alguien con urgencia”.

El concejal de la ACP recalca que de los datos e informes se deprende que la gestión de ese asunto es un caos: “unos negocios cumplen con la superficie máxima de ocupación que les corresponde y otros ocupan hasta cuatro y cinco veces más; de los que no cumplen, a algunos se les gira recibo y a otros no; y, de los establecimientos a los que se gira recibo, un porcentaje considerable no paga”. En este sentido, indica que, en 2015 y 2016, el porcentaje de recaudación osciló entre un 58% y un 67%, con lo que “un tercio, o más, no se paga, y eso contando solo la superficie de ocupación de la que tiene constancia el Ayuntamiento”. El portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense subraya que la situación actual se ve favorecida por “el colapso que sufre el consistorio portuense debido a la escasez de personal, fruto de los recortes, que hace que las solicitudes tarden más de un año en tramitarse en algunos casos”.

Para Hernández, “los primeros perjudicados por este problema son los propios empresarios de la restauración cumplidores, que ven cómo la competencia desleal de quien se salta las normas gracias a la inacción del gobierno local les hace perder clientela, así como comerciantes de otros sectores sobre los que se actúa con mayor dureza”. En su opinión, “si no rige de manera efectiva la normativa o si se aplica de manera desigual a unos y a otros, lo que queda es la ley de la selva, en la que el grande se come al chico, y el tramposo, al honrado.

El portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense considera que “la ciudadanía está harta de este problema y ve normal que se acuse al gobierno municipal de connivencia con determinados negocios, ya que algunos incumplen sistemáticamente sin que se les ponga freno”. Finalmente sostiene que “como mínimo, existe una incapacidad manifiesta del alcalde y de su grupo de gobierno de hacer cumplir la ordenanza y de poner orden en la ciudad para que se compatibilice un uso razonable del espacio público por parte de las terrazas con el disfrute de las calles por parte del conjunto de la ciudadanía y de la población foránea que nos visita”.

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