Imagen del proyecto global del puerto.
Desde fuentes municipales se ha señalado en la mañana de este lunes [19M] que tanto el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, han decidido dar el impulso definitivo para el inicio de las obras del futuro muelle deportivo, pesquero y comercial de Puerto de la Cruz, a la espera de que prospere el requerimiento que el ejecutivo regional ha remitido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que revoque o deje sin efecto los condicionantes recogidos en el informe, emitido el pasado 21 de diciembre, por el que autorizó la adscripción del dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad Autónoma de Canarias.
La iniciativa será sometida a la consideración del Consejo de Administración de Puertos Canarios, que decidirá iniciar el procedimiento administrativo que permita al capital privado construir el nuevo puerto deportivo de Puerto de la Cruz, a cambio de su concesión administrativa durante los próximos 30 años.
Así lo han dado a conocer el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acompañado por el Consejero de Obras Públicas y presidente de Puertos Canarios, Domingo Berriel, el Vicepresidente primero del Cabildo Insular, Carlos Alonso, y el Alcalde de Puerto de la Cruz, Marcos Brito.
En total, la obra prevista deberá suponer una inversión mínima de 70 millones de euros, con los que se actuará sobre una superficie en tierra de 80.000 metros cuadrados y una zona marítima de 340.000 metros cuadrados.
En ese espacio, tendrán cabida más de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados; y un aparcamiento de 1.700 metros cuadrados.
Un momento de la presentación de las actuaciones por parte de las tres administraciones en Presidencia de GobiernoUno de los atractivos del sistema que se empleará para la concesión administrativa es la modularidad permitida para la inversión, por la que se permitirá comenzar a explotar la zona terrestre de aprovechamiento del puerto, mientras se concluyen las obras en el mar.
Los inversores interesados en construir el puerto deportivo dispondrán de seis meses para presentar sus proyectos, una vez que el anuncio de inicio del plazo se publique en el Boletín Oficial de Canarias. A cambio de la concesión para construir y explotar durante 30 años las instalaciones, la empresa concesionaria deberá asumir también la construcción de la dársena pesquera, como parte del canon anual que deberá abonar a Puertos Canarios.
Una vez evaluados todos los proyectos que se presenten a la licitación, se prevé que el Consejo de Administración de Puertos Canarios proceda a otorgar la concesión administrativa dentro de un año aproximadamente, y las obras deberán comenzar en el plazo máximo de seis meses desde ese momento.
Según el cronograma previsto, dentro de algo más de tres años se concluirá la primera fase de los trabajos, que supondrán la puesta en explotación de las instalaciones terrestres, mientras continúan los trabajos en la lámina de agua durante los siguientes seis años.
El objetivo de la intervención es mejorar la Red de Puertos Canarios, con la ampliación del actual muelle existente en el Puerto de la Cruz, al mismo tiempo que se dota al municipio de un nuevo polo de desarrollo, que sirva para mejorar su atractivo turístico.
Los inversores que se presenten al proceso de licitación deberán tener también en cuenta que podrían ampliar su ámbito de actuación en cerca de 200 atraques, de prosperar el requerimiento que el Gobierno de Canarias.
Las administraciones públicas canarias entienden que la Administración Central se ha extralimitado en sus atribuciones e invade competencias en materia de Puertos que son propias de la Comunidad Autónoma, al imponer, pese a ese informe favorable, hasta 6 condiciones previas y 15 condiciones generales muy negativas sobre el Proyecto modificado, de tal modo que lo hacen prácticamente inviable o irreconocible.
El pliego de condiciones para la licitación del Puerto, que en un principio se corresponde con el proyecto recortado, recoge estas circunstancias, por lo que se permitirá al adjudicatario ampliar las instalaciones portuarias, si el Estado accede al requerimiento presentado.
