En una nota informativa del Gobierno de Canarias se informa que el Consejo de Administración de Puertos Canarios acordó este martes interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar de no permitir determinados usos en tierra, asociados al futuro puerto de nuestra ciudad.
El Consejo de Administración de Puertos Canarios, presidido por Domingo Berriel, acordó presentar un recursos contencioso-administrativo contra la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El motivo para la presentación de este recurso radica en las continuas limitaciones que pone la citada Dirección General a la hora de conceder la adscripción del dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad Autónoma, pese a los distintos proyectos que Canarias le presenta.
Después de varios años en esta situación, la Comunidad Autónoma canaria optó por sacar el puerto a concesión administrativa, de tal manera que la empresa que se encargase de construir el puerto, valorado en un mínimo de 70 millones de euros, obtendría a cambio la explotación tanto de la lámina de agua, como de las instalaciones terrestres, durante los próximos 30 años.
El proyecto sacado a concesión administrativa contempla más de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados; y un aparcamiento de 1.700 metros cuadrados.
De este modo, Puertos Canarios entendía que se acataban las limitaciones impuestas por el Estado, para poder disponer de suelo en el dominio público marítimo-terrestre, y que el concesionario podría ampliar las instalaciones, si finalmente se asumían las peticiones de la Comunidad Autónoma, que plantea unas instalaciones comerciales y un espacio de aparcamiento mayores de las descritas.
En la nota se sigue indicando que en el último informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, no sólo no se autorizan todos los usos que recoge el proyecto canario, sino que entiende que actividades como la lavandería, un mini-market o una oficina de alquiler de coches, entre otras, no están vinculadas a las actividades marinas, cuando en la gran mayoría de puertos de todo el Estado existen actividades muy similares. Ante esta situación, y las reiteradas negativas a aceptar las tesis de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Administración de Puertos Canarios acordó tomar la vía del contencioso-administrativo, para lograr que se autoricen unas actividades complementarias que hagan viable para la iniciativa privada la construcción del puerto, tal y como estaba previsto.
