El problema del edificio Iders, localizado en la avenida Familia Bethencourt y Molina, zona de Martiánez, en el Puerto de la Cruz, ha llegado al consulado central de Alemania en Canarias y a las embajadas de Austria y Suiza en Madrid. No por las disputas ni los intereses contrapuestos de los propietarios ni las interpretaciones del planeamiento urbanístico que envuelven la edificación afectada por aluminosis (enfermedad del cemento) desde los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, sino porque algunos ciudadanos han denunciado una situación de episodios de inseguridad, escándalos y condiciones de insalubridad. La situación se ha agravado desde la declaración del estado de alarma. Moradores y vecinos de los inmuebles cercanos de distintas nacionalidades han solicitado el amparo en las instituciones diplomáticas ante un escenario que califican como “insoportable” y lo que llaman “inacción de las autoridades locales”.
El Iders arrastra desde hace tres décadas su aspecto fantasmagórico, su impacto negativo, su adefesio antiestético en medio de lo que fue una pujante zona turística del municipio. Ahora es un refugio de indigentes, un lugar donde los ‘okupas’ campan a sus anchas. Se habla hasta de una pseudoorganización que cobra por dormir. Insólito. Probablemente de ahí provenga el agravamiento del problema: desórdenes frecuentes, inseguridad, hostilidad, amenazas e insultos van en aumento.
Se supone que en consulados y embajadas se habrán llevado las manos a la cabeza y les habrá costado creer que la situación se esté dando en una ciudad que es, a su vez, un destino turístico. Falta conocer cuáles son los pasos que darán sus responsables después de la correspondiente petición de informes. Hasta entonces, se supone que la petición ciudadana de facilitar asistencia letrada tendrá que esperar. De momento, contrastan su impotencia y su miedo. En un reportaje periodístico publicado hace unas fechas, en efecto, se hablaba hasta de la utilización de un perro para intimidar a vecinos y residentes en bloques de los alrededores. La situación es, en sí misma, una vergüenza.
Y de muy difícil superación mientras se mantengan las circunstancias de la diferencias entre propietarios y no se acepten las alternativas que están sobre la mesa. Es inevitable pensar en los afanes especulativos. Se ha llegado a hablar de expropiación como fórmula que antecedería a un derribo y a una reconstrucción en los términos dispuestos en el Plan General de Ordenación. Ahí surgen las trabas.
El alcalde de la ciudad, Marco González Mesa, dijo recientemente que estaba en el camino de encontrar “una solución por dos vías: la de los propietarios que perdieron sus viviendas, a los que hemos presentado ya en asamblea una propuesta urbanística para la demolición y reconstrucción de ese edificio; y por el otro, el problema sanitario y social de las personas que ocupan ese lugar, para el que hemos puesto en marcha un proyecto de apoyo y asesoramiento con Cáritas”.
Son igual de complicadas las dos pero ahora, tal como están las cosas, urge la segunda, pues los okupas e indigentes del Iders se han negado a un traslado a un instalación pública deportiva del municipio de forma provisional.
Seguro que el ayuntamiento portuense va a aportar informes urbanísticos, sanitarios y policiales en el caso de que embajadas y consulados lo soliciten. Si eso contribuye a aligerar la solución, mejor. Porque lo que parece claro es que se ha llegado a un techo en los niveles de soportabilidad o de enquistamiento de la problemática situación del edificio. Los vecinos tienen derecho a reclamar mejores condiciones de vida. Y el Puerto de la Cruz debe esforzarse en eliminar todas aquellas máculas que pongan en solfa sus valores y el conjunto de su oferta turística.
Ese esfuerzo se dará por muy bien empleado.
