En una rueda de prensa celebrada este lunes en el edificio Sindical de Santa Cruz, la UGT denunció que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz “está dilatando de forma premeditada el abono del dinero que le debe a sus trabajadores”. Una situación que consideran injusta y que “la está sufriendo desde diciembre de 2010 el personal laboral del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz”.
En una rueda de prensa celebrada este lunes en el edificio Sindical de Santa Cruz, la UGT denunció que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz “está dilatando de forma premeditada el abono del dinero que le debe a sus trabajadores”. Una situación que consideran injusta y que “la está sufriendo desde diciembre de 2010 el personal laboral del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz”.
En el encuentro con los medios estuvo presente Jaime García, secretario general de la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento, y Gustavo Santana, secretario general de la UGT en Canarias. En la rueda de prensa se recordó que “las cantidades están reconocidas por la justicia después de más de 9 años de juicios en los que siempre se ha dado la razón a los trabajadores”. También se repasó lo sucedido durante este tiempo y las diferentes sentencias en los diferentes juzgados de lo social, las diferentes salas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por último, en la sala de los social del Tribunal Supremo.
Desde UGT también se recuerda que los conflictos colectivos y de reclamación de cantidad, afectan a unos 200 trabajadores del Ayuntamiento, “por tanto, es un conflicto de envergadura jurídica y de cuantías sustanciales. Desde FeSp-UGT entendemos que el grupo de gobierno está buscando excusas para dilatar el abono de los conceptos al personal laboral. Cuantías que a lo largo de estos años de pleitos en todos los niveles judiciales, le da la razón al personal laboral”.
La formación sindical destaca que “todos los juicios paralizados hasta que se conoció la resolución del Tribunal Supremo, generan intereses al 10% y ahora se vuelve a incidir, una vez más, en otro recurso de casación que a todas luces correrá la misma suerte que el anterior”.
Desde el sindicato se pide “que se deje de dilatar deliberadamente el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y que se comiencen a abonar las sentencias de reclamación de cantidad refrendadas por el TSJC”.
Finalmente los trabajadores denuncian que “esta dilación premeditada, le está costando al erario público mucho dinero, hasta tal punto que entendemos que la corporación dilapidará en costas, gastos judiciales de la encomienda jurídica privada e intereses de demora, aproximadamente 400.000 €.
