Vecinos por el Puerto considera urgente “clarificar la situación y modificar los baremos de cálculo establecidos en la Ordenanza para que se cobre a todos los empresarios una tasa más acorde con la situación económica, en la línea con lo que están haciendo al respecto otros municipios de la isla que, o bien no la han subido (Adeje o Arona), o bien la han bajado (Santa Cruz de Tenerife), o bien incluso la han dejado de cobrar para potenciar la actividad económica y el empleo (Tacoronte o Las Palmas de Gran Canaria), cuestión que creemos debería plantearse para algunas zonas de la ciudad que no se ven favorecidas por el efecto turístico del casco”.
Recuera que también la formación política que “a raíz de la controversia generada, nos consta que en el mes de abril el Concejal de Comercio, Lope Afonso, mantuvo varias reuniones con asociaciones y empresarios afectados, y que en ellas se comprometió a revisar y modificar la nueva ordenanza para corregir la brutal subida que la aplicación de la nueva ordenanza suponía”. Añaden también que “desde abril, no solo no se ha hecho nada en tal sentido, sino que semanas atrás, por parte del Área de Economía y Hacienda de la Sra. Rodríguez, se ha procedido a poner al cobro las liquidaciones, poniendo así en evidencia una errática forma de actuar por parte del gobierno local de CC-PP que ha sembrado el desconcierto entre los afectados, y más, cuando nos consta que la reacción por parte del Concejal de Comercio está siendo facilitarles a estos un modelo de recurso para interponer contra la resolución de liquidación del propio Ayuntamiento”.
Destaca VxP que “se da la circunstancia de que los comerciantes que han recibido las liquidaciones son solo aquellos que procedieron a cumplir con su obligación de solicitar los correspondientes permisos para la instalación de sus terrazas, mientras que todos aquellos que hasta ahora no han regularizado su situación, no han recibido liquidación alguna. Esta decisión supone un agravio comparativo lamentable, no ya porque no se vaya a proceder a liquidar la tasa en el futuro (conforme a lo que finalmente se determine) a los que no están regularizados (esperamos que sí), sino porque estos permanecen ajenos de toda una situación que está causando grave incertidumbre y preocupación a aquellos que sí han cumplido con su obligación”.
Concluye Vecinos por el Puerto señalando que “todas estas actuaciones deberían al menos ser explicadas, porque suponen un daño más que evidente a la imagen de seriedad que debe ofrecer esta Administración ante unos ciudadanos, en este caso los comerciantes, para los que resulta vital conocer cuál es la política del Grupo de Gobierno CC-PP (si es que existe) con respecto a este asunto, para saber a qué atenerse y contar con la necesaria seguridad jurídica y económica a la hora de plantear sus inversiones”.
