Acerca de la asunción por parte de la Fiscalía de la denuncia por el caso del gasto telefónico móvil del concejal Luis Miguel Rodríguez, el coordinador de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, afirma en un comunicado que «no debiera ser compatible con la ley que un cargo público derroche el dinero de los ciudadanos de forma tan lamentable y es una burla a la ciudadanía portuense el que, precisamente ese cargo público, fuera el responsable de la Concejalía que impuso un drástico recorte salarial a los empleados del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, cuyas condiciones laborales llegó a calificar de prebenda».
Añade Trujillo también que «no le vamos a pedir al PP que le retire la confianza al señor Rodríguez porque sabemos que lo único que podemos esperar de ese partido es que, si su concejal fuera condenado, lo amnistiarían para así volver a burlarse de los ciudadanos y de la ley».
Trujillo recuerda que el gasto telefónico del concejal del Partido Popular en julio representó el equivalente a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Esta conducta motivó duras críticas públicas del concejal de Izquierda Unida en Los Realejos, Jonás Hernández, y la posterior amenaza de querella, por parte de Luis Miguel Rodríguez, que emplazó a Hernández a un acto de conciliación, en el que el concejal de IUC se ratificó en sus críticas. «Ante el esperpento de que el querellable se convirtiera en querellante, seguramente alentado por el ‘Tea Party’ del Valle de La Orotava, y también ante la magnitud del dispendio de dinero público, IUC decidió llevar este caso a los tribunales», comenta.
PRECEDENTES EN EL SUPREMO
Desde IUC se recuerda el precedente establecido en la sentencia del Tribunal Supremo 226/2006, que condenó por malversación a un alcalde gallego que había instalado un teléfono municipal en su vehículo privado, y que, a lo largo de cuatro años y medio, ocasionó un gasto telefónico de 5.233 euros.
Se menciona en la nota de Izquierda Unida que “el alcalde fue condenado por un consumo telefónico injustificado, con cargo a las arcas municipales, de 97 euros mensuales, cuantía significativamente inferior a los 802 euros al mes gastados por el concejal del Partido Popular”.
