6 julio, 2020

Salarios, política y clases populares (OPINIÓN)

Estos días se habla mucho, por razones obvias, de las retribuciones de los representantes políticos en las distintas administraciones. En medio de una grave crisis económica es poco justificable que los que deben servir a la ciudadanía sigan manteniendo determinados privilegios. No obstante, para analizar en profundidad este asunto es necesario prestar atención a un aspecto generalmente poco advertido: la infrarrepresentación que tenemos las clases populares en las instituciones públicas (ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Cortes Generales, etc.).

Se conoce como sufragio censitario a un sistema de votación en el que tanto los electores como los elegibles están restringidos: sólo puede elegir o ser elegida una parte de la población, según su nivel de renta, su sexo o su nacionalidad. Éste fue un sistema característico del siglo XIX y de comienzos del XX, que se contrapone al actual de sufragio universal, consistente en que todas las personas mayores de edad pueden elegir y ser elegidas. Ahora bien, aunque con este último sistema está claro que todos podemos elegir a nuestros representantes, ¿realmente podemos todos ser elegidos por la ciudadanía? O, enfocando mejor el problema: ¿acceden las clases populares (estratos sociales medio-bajos y bajos) a la posibilidad de ser elegidos como representantes públicos en igualdad de condiciones respecto a las clases privilegiadas (estratos medio-altos y altos)? Aunque desde el punto de vista estrictamente legal la respuesta es sí, la realidad nos dice lo contrario. Veamos.

En las últimas cinco legislaturas del Parlamento de Canarias, de 174 diputados sólo un 3%, es decir, 6 diputados, trabajaban como asalariados para la empresa privada. El resto, 169 diputados, eran funcionarios (mayoritariamente grupo A), profesionales liberales (médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc.) o empresarios[1]. Las clases populares en Canarias, que conforman un 70% de la población,  están representadas en un 8% en el Parlamento de Canarias, lo que convierte a este supuesto órgano de representación popular en una institución gestionada por una élite minoritaria que, con sus medidas, dificulta enormemente el acceso de las clases populares a la política.

En los escaños del Congreso de los Diputados hay más de un 50% de funcionarios; les siguen los diputados que han ostentado cargos públicos en administraciones locales o regionales, luego los profesionales liberales y a continuación los empresarios y directivos[2]. Las clases populares apenas tienen representación en este otro órgano de representación popular.

En las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, también se reproduce esa sobrerrepresentación de la élite política, con lo que las clases populares apenas tienen voz que represente sus intereses en las corporaciones municipales. Como conocedor de primera mano del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, diré como ejemplo que la nueva corporación está formada en una amplísima mayoría por funcionarios o profesionales liberales.

La pérdida del puesto de trabajo una vez finalizado el mandato electoral, el perjuicio económico y laboral que causa asistir a órganos de gestión de las administraciones, el no disfrutar de días de permiso en periodo electoral, etc., hacen que las clases populares se alejen paulatinamente de la política, dejando así todo el poder en manos de aquellos estratos sociales (funcionarios, profesionales liberales y empresarios) a los que aspirar a un cargo electo y ejercerlo no les causa prácticamente ningún perjuicio. Esta élite, minoritaria en la sociedad pero ampliamente mayoritaria en las instituciones, ejerce ocupaciones con ingresos medio-altos y altos. Al pasar a la actividad política, no quieren perder esos privilegios, por lo que se autoadjudican esos salarios que ahora tanto nos escandalizan.

Tal vez sea el acceso de las clases populares a cargos de representación política una de las recetas que ayudaría a reducir y racionalizar los salarios en todas las administraciones públicas y a impedir que los cargos electos vivan de espaldas a la ciudadanía, como ocurre actualmente. Es necesario articular medidas para que los trabajadores y las trabajadoras de la agricultura, la ganadería, la hostelería, la industria, la artesanía, etc., puedan sentarse en los órganos de representación popular.

En definitiva, toca hacer una reflexión seria sobre este asunto, o en la práctica no habremos avanzado mucho más de lo que se reflejaba en aquel artículo 15 de la constitución española de 1845, que decía “Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes:(…) Ministros de la Corona. Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes generales del Ejército y Armada (…)”. Cámbienlo por funcionarios (principalmente del grupo A), empresarios, profesionales liberales, directivos, etc., y se acercarán bastante a lo que, en la práctica, sucede actualmente.

 

Jonás González

(concejal de IUC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz)

 


[1]              Javier Sánchez Herrera. La élite parlamentaria de Canarias: perfil sociodemográfico. Revista de Sociología Política.

[2]              Pablo Uñate Rubalcaba. Parlamento y Ciudadanía en España. ¿25 años de desencuentros?

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