Este martes quedó visto para sentencia el juicio donde se acusa a Lope Afonso de prevaricación y malversación de caudales públicos. La vista oral comenzaba alrededor de las 10:30 de la mañana (una hora más tarde de lo previsto inicialmente) en el juzgado de lo penal número 2 de Santa Cruz, en el Palacio de Justicia. El juicio atrajo a un buen número de medios informativos debido a la relevancia y la trascendencia política que la futura sentencia pudiera generar ahora que Lope Afonso acaba de asumir el cargo de concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y que a la vez podría aspirar a cogobernar en el Cabildo de Tenerife al encabezar la lista del Partido Popular. Dos proyecciones políticas que podrían truncarse en caso de que Lope Afonso tuviera una sentencia condenatoria que le inhabilitara para ejercer como cargo público.
Volviendo al caso por el que se le juzga indicar que los hechos se remontan al mandato 2011-2015, periodo en el que Lope Afonso era el concejal responsable del Área de Comercio y Marcos Brito era el Alcalde de la ciudad. En ese periodo se instalaron varios mercadillos en la ciudad, primeramente en la Plaza de Europa y posteriormente en la zona aledaña al Centro Comercial La Cúpula (Marques Villanueva del Prado) y a continuación en la plaza de la estación de guaguas. El primero de ellos fue el propio Brito quien lo autorizó directamente y los dos siguientes por parte de Afonso.
La vista celebrada hoy comenzó con la declaración del propio acusado, que se negó a responder a las preguntas de la acusación popular pero sí contestó a todo lo que le preguntó el fiscal que lleva el caso. Los argumentos principales de la declaración de Lope Afonso fueron que estas autorizaciones tenían un carácter temporal, que ya anteriormente se había realizado así, que el objetivo de estos mercadillos no era solamente de carácter comercial sino que también se perseguía la dinamización económica y social de la zona en el contexto de la crisis que se vivía, y que las ordenanzas existentes no se encontraban actualizadas para poder permitir un procedimiento más formal a modo de concesión. Afonso también señaló que en cualquier caso la ocupación del espacio público conllevó el pago por parte de los organizadores del mercadillo de la correspondiente tasa económica. El fiscal insistió en su intervención en que lo normal hubiera sido propiciar y abrir la libre concurrencia a otras empresas o interesados a través de un concurso público, a lo que Lope Afonso insistió en que en ese momento existía en la ordenanza una ausencia de legislación y que en base a esas carencias promovió posteriormente la renovación de la ordenanza reguladora de esta materia. Afonso también recordó que antes de dar la autorización provisional se consultó a las asociaciones de empresarios de la zona acerca de su parecer a la hora de instalar los mercadillos y que no se opusieron a la misma y por otra parte que el Ayuntamiento siempre percibió el importe de las tasas de ocupación del espacio público.
Junto al acusado, también intervinieron en calidad de testigos el que en esa época era el secretario del Ayuntamiento así como el jefe de la Policía Local, Francisco Gómez. A ambos se les preguntó por temas del procedimiento seguido y el conocimiento que tenían de la realización y la formalidad de las autorizaciones. Posteriormente también declaró Sandra Rodríguez a la que se le preguntó, como responsable económica del Ayuntamiento, por el proceso de cobro de las tasas a los mercadillos y las decisiones que tomó sobre autorizar estas actividades cuando posteriormente asume el cargo de alcaldesa tras el fallecimiento de Marcos Brito. Rodríguez indicó al respecto que tras escuchar los informes técnicos consideró que no era conveniente seguir permitiendo los mencionados mercadillos.
Más tarde declararon dos de los empresarios que organizaron los mercadillos a los que se les pidió que detallaran la formalidad que se siguió para la autorización. La vista concluyó con la intervención de una de las artesanas y finalmente no declaró uno de los promotores de la denuncia Pedro Pérez Rolo.
A partir de ahora el tema queda visto para sentencia y, como es habitual en estos casos, se desconoce el tiempo que pudiera tardar la juez en emitir su veredicto. Teniendo en cuenta que estamos a escasas fechas de la llegada del periodo estival, con lo que ello a veces afecta al ritmo de la justicia, pareciera que no tendremos una fecha cercana para una resolución de este asunto que -en cualquier caso-, sea la sentencia que sea que se produzca, podría verse afectado por posibles recursos ante instancias judiciales superiores que, de darse, podrían llevar años de tramitaciones. Habrá que esperar novedades.
