El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recordó este martes [13D] en el Pleno del Parlamento de Canarias que el proyecto para la construcción de un nuevo puerto en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz depende, administrativamente, de que la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) adscriba los terrenos a la Comunidad Autónoma, lo que permitiría iniciar el proceso para la licitación de las obras.
A preguntas del Grupo Socialista, Berriel detalló que la Dirección General de Puertos del Gobierno de Canarias ya ha respondido en tres ocasiones a los diferentes condicionantes que ha ido poniendo la administración central para dar su visto bueno a la construcción del nuevo puerto. De hecho, Costas ya rechazó la pasada década el proyecto inicial, por lo que el que se tramita en la actualidad es un modificado de aquel.
Aun así, el Ministerio entiende en sus informes que el proyecto mantiene a día de hoy demasiadas plazas de aparcamiento y también pone reparos al espacio comercial que iría aparejado al nuevo muelle. El consejero explicó que la última contestación remitida por la Dirección General de Puertos data del 25 de octubre de este año y en ella se insiste en que es necesario que el aparcamiento y la zona comercial tengan la magnitud suficiente como para ser atractivas para la inversión privada.
Dado que el proyecto no resulta en principio elegible por la Unión Europea para su financiación por fondos comunitarios, por no responder a los criterios marco establecidos, las obras deberán ser financiadas bien por fondos propios del Gobierno de Canarias, o por financiación privada o bien con una fórmula mixta. Berriel confirmó que se están efectuando estudios para la posible financiación privada, pero el contexto económico no es el más favorable en la actualidad.
Aun así, el consejero señaló que el Gobierno de Canarias siempre ha mantenido este proyecto, con un presupuesto estimado que rondaría los 160 millones de euros, entre las infraestructuras a desarrollar en Canarias, aunque la dotación presupuestaria o las actuaciones a realizar se han de ajustar necesariamente a cada momento del trámite administrativo, como es en este momento la falta de terrenos en los que comenzar a trabajar, mientras no se obtengan los permisos preceptivos del Gobierno central.
No obstante, Berriel quiso remarcar que el plazo de varios meses en los que suelen dilatarse las respuestas entre la Dirección General de Puertos y el Ministerio tiene que ver, la mayor parte de las veces, con la complejidad y extensión de los estudios adicionales solicitados.
Además, el Gobierno de Canarias ha invertido hasta el presente en torno a medio millón de euros en estudios y trabajos financieros y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012 se refleja la cantidad de un millón de euros para estudios, trabajos técnicos y pequeñas actuaciones.
