Llegamos al final de este mandato 2015-2019 en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz como era previsible: con el piche electoral funcionando a pleno rendimiento o, al menos, al rendimiento que puede dar de sí una administración municipal colapsada por los recortes y la mala gestión política. Da la impresión de que, con estas obras, el grupo de gobierno encabezado por Lope Afonso no solo busca empichar deprisa y corriendo algunas de las calles del municipio, sino también el recuerdo de estos últimos cuatro años. Y no se lo reprochamos, porque en términos generales han sido unos años para el olvido.
El mandato ya empezó mal, con un pacto mal avenido entre un Partido Popular que se presentó a las elecciones de 2015 renegando de su gestión –solo así se explica que utilizaran el eslogan “cambio de rumbo” cuando llevaban ya seis años formando parte del gobierno municipal– y una Coalición Canaria en declive, incapaz de renovarse y de regenerarse. Pese a las evidentes diferencias entre los protagonistas, el acuerdo salió adelante. Todo con tal de mantenerse en el poder a toda costa, ya que los dos partidos venían gobernando la ciudad, con resultados nefastos, desde el año 2009.
Siempre hemos calificado aquel acuerdo como un reparto de sillones entre los dos partidos y los diferentes concejales. Y es que es lo único que sabemos a ciencia cierta que sucedió, dado que ni el PP ni CC han mostrado jamás el programa de gobierno sobre el que supuestamente se sustentaba el acuerdo, a pesar de que desde la Asamblea Ciudadana Portuense se lo hemos exigido en innumerables ocasiones. Después de cuatro años, tenemos la legítima sospecha de que ese documento nunca existió y de que en aquella negociación no se discutió de modelos de ciudad, líneas estratégicas y medidas prioritarias para el municipio, sino, efectivamente, de quién se quedaba con las concejalías con mayor influencia o posibilidad de lucimiento y qué trozo de la tarta presupuestaria le correspondía a cada uno.
Lo cierto es que la ausencia de programa de gobierno y de modelo de ciudad se ha notado, y mucho. En la mayoría de los aspectos han sido cuatro años perdidos. Ha faltado planificación y ha sobrado improvisación. La prueba de que el PP y CC han gobernado el municipio sin rumbo fijo es que la gran mayoría de los problemas del Puerto de la Cruz que denunciábamos en 2015, cuando entramos en el Ayuntamiento, continúan vigentes. Los barrios siguen abandonados, no tenemos un recinto público donde representar una obra de teatro o celebrar un concierto bajo techo, la playa de Martiánez languidece esperando por su regeneración, del nuevo muelle ya nadie se cree las promesas, en algunas calles no se puede ni pasar debido a la sobreocupación del espacio público por las terrazas de determinados negocios, la accesibilidad para personas con diversidad funcional brilla por su ausencia, no se defiende el patrimonio de la ciudad, la ladera de Martiánez continúa olvidada, persisten los problemas de mantenimiento de jardines y de limpieza, se eterniza la situación del antiguo edificio de la estación de guaguas –con una lona tapando sus vergüenzas–, se desatienden áreas importantes como participación ciudadana y juventud, los conflictos con el personal municipal siguen sin resolverse…
Mención aparte merece el caso de la piscina municipal, que ejemplifica a la perfección la forma de hacer política de este grupo de gobierno. Fue cerrada en diciembre de 2015, a los pocos meses de comenzar el mandato. Las instalaciones llevaban años sufriendo un deterioro constante, que llevó primero a la clausura de la piscina del foso y, finalmente, al cierre definitivo del recinto debido a una avería en la piscina principal. El Partido Popular y Coalición Canaria no solo no se hicieron responsables de haber dejado morir un espacio deportivo histórico, sino que se negaron a acometer su arreglo, dejando la solución del problema –como en tantas otras ocasiones– en manos del Cabildo, y desentendiéndose de las consecuencias de esta decisión. Ahora se confirma que el tan anunciado centro insular de natación, que dijeron que iba a estar terminado a principios de 2018, no abrirá como mínimo hasta 2023, lo que significa dejar ocho años o más sin piscina a una ciudad turística de 30.000 habitantes con una enorme tradición y clubes punteros en deportes acuáticos. Para colmo, el espacio dejará de estar en manos portuenses para pasar a ser gestionado por el Cabildo de Tenerife. Lo más triste es que todo esto se habría evitado si, como propuso la Asamblea Ciudadana Portuense, se hubiera arreglado la piscina con recursos propios. Con un gasto asumible por las arcas municipales tendríamos la instalación abierta y tiempo para planificar con serenidad una solución definitiva sin dejar tirados a los clubes y las personas usuarias.
Otro aspecto definitorio de la forma de gestionar la ciudad del grupo de gobierno de Lope Afonso ha sido la desatención a las políticas sociales. El gasto en servicios sociales se ha mantenido en cifras ridículas a lo largo de todo el mandato, lo que deja claro que el bienestar de la ciudadanía y, en particular, la atención a quienes peor lo están pasando no son prioritarios para el PP y CC. El último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera excelentes en servicios sociales a los ayuntamientos en los que el gasto en esta área supera el 10% del gasto no financiero municipal. En el Puerto de la Cruz, apenas llega al 2%. De igual manera, el informe considera precarios en servicios sociales a los ayuntamientos que gastan menos de 50 euros por habitante en esta materia, y pobres en servicios sociales a los que gastan menos de 39 euros. El nuestro gasta menos de 30. Los números hablan por sí solos.
Y ¿qué decir de Pamarsa? El Ayuntamiento, con dinero de la ciudadanía portuense, ha inyectado en los últimos años alrededor de 4 millones de euros en la empresa para tratar de tapar los agujeros de la gestión del PP y CC. El plan de saneamiento del periodo 2014-2017 conllevó un desembolso de 2,5 millones de euros, el doble de lo previsto, mientras que las deudas de la Seguridad Social han supuesto algo más de un millón, a lo que hay que sumar otras aportaciones extraordinarias.
Resulta difícil de explicar cómo continúa teniendo constantes pérdidas una sociedad que tiene a su cargo algunos de los establecimientos de hostelería mejor ubicados de la ciudad, por los que no paga alquiler ni ocupación de la vía pública, por los que no tuvo que realizar una inversión inicial y a cuyos responsables –el alcalde, Lope Afonso, y el concejal Pedro González– no debe pagar salarios, ya que lo hace el Ayuntamiento. La respuesta a este desastre está en la negativa a aceptar nuestra propuesta de contratar una gerencia técnica, debido al empeño del Partido Popular y Coalición Canaria en seguir llevando a cabo la misma gestión política, partidista y no profesional que ha llevado a Pamarsa a la ruina. Esta forma de proceder contrasta con la actitud de la gran mayoría del personal, que continúa desempeñando su trabajo y sacando adelante como puede el servicio a pesar de los retrasos en el pago de sus salarios y de las prácticas intimidatorias que han denunciado sus representantes.
Este mandato también hemos tenido que sufrir cómo la imagen del Puerto de la Cruz se ponía en entredicho por los escándalos en la gestión del Lago Martiánez. Los robos que han salido a la luz, siendo un asunto muy serio, son solo la punta del iceberg. Los informes del gerente hablan de falta de preparación del encargado, de falta de previsión y planificación, de prestación calamitosa del servicio… El alcalde conocía muchas de estas informaciones desde hacía más de un año, pero su respuesta fue claramente insuficiente, marcada por el afán de mantener a toda costa el pacto en el que se sustenta el gobierno municipal. La realidad es que han primado los criterios políticos en la gestión del Lago. Solo así se explica que, entre otras cosas, hayan creado puestos que nadie demandaba: un encargado para el PP y otro para CC, como si de un reparto de estampas se tratara. Por no hablar de la venta irregular de decenas de miles de entradas a un precio por debajo de la mitad del establecido en la ordenanza, o de la permisividad del gobierno de Lope Afonso ante una empresa que le debe un millón de euros al Ayuntamiento y que sigue gestionando los bares y restaurantes del complejo –enchufados irregularmente a la luz municipal– a pesar de que la concesión se revocó hace ya tres años.
Por otro lado, en estos cuatro años han quedado al descubierto las carencias democráticas del PP y CC. Bajo su gestión, el Ayuntamiento portuense se ha situado como uno de las instituciones con peores índices de transparencia de toda Canarias. Nuestro grupo ha tenido que pedir el amparo del Defensor del Pueblo de Canarias para que el gobierno municipal nos facilite la información a la que, como concejales de la corporación, tenemos derecho. Las propuestas de la oposición son sistemáticamente metidas en un cajón aunque se aprueben, y los plenos y las reuniones de otros órganos no se celebran en los plazos legalmente establecidos. A esto hay que añadir la cercanía del alcalde y otros concejales de gobierno a un canal de televisión ultraderechista al que han contratado publicidad con dinero público en varias ocasiones a lo largo del mandato.
Es preocupante, asimismo, la pérdida de peso específico del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en la política insular y autonómica. El gobierno de Lope Afonso ha mostrado una notable falta de liderazgo para defender los intereses del municipio y del Norte de la isla. Lo hemos visto con el enésimo concurso fallido para el arrendamiento del hotel Taoro, con la falta de urgencias pediátricas en la comarca y con las colas de la TF-5, entre otros asuntos.
En el lado favorable de la balanza, pocas cosas se pueden poner más allá de declaraciones de buenas intenciones y de algunas medidas aisladas. La cancelación de la deuda del Ayuntamiento con los bancos, que es casi la única baza a la que se agarra el grupo de gobierno para defender su gestión, se ha sostenido sobre durísimos recortes al personal y en los servicios a la ciudadanía en casi todos los aspectos, con efectos y consecuencias que seguiremos sufriendo durante años. Comprobamos, además, cómo el impacto positivo de la cancelación de esta deuda –basada, insisto, en la decisión de dejar de invertir en las necesidades del municipio para pagar anticipadamente intereses a las entidades financieras– ha sido muy pobre. Casi dos años después, el grupo de gobierno se ha mostrado incapaz de aprovechar el aumento de los recursos disponibles para reactivar la acción del Ayuntamiento y mejorar la situación de la ciudad más allá de algunos parches, como demuestra el hecho de que gran parte del presupuesto de áreas importantes se quede sin utilizar al final de cada ejercicio, o de que las bajadas de impuestos aprobadas por el pleno para este año se hayan tenido que aplazar a 2020.
En conclusión, el mandato 2015-2019 en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha sido realmente decepcionante y ha dejado sin resolver la mayor parte de los asuntos que estaban sobre la mesa. Por si fuera poco, afrontamos los últimos meses con un alcalde esperando juicio por presunta prevaricación, en el que la Fiscalía pide para él más de nueve años de inhabilitación. Quedan pendientes muchísimos retos para los próximos cuatro años, que esperamos que sean afrontados por un gobierno de cambio capaz de atender las múltiples carencias que sigue arrastrando el municipio y la ciudadanía portuense.
(*) David Hernández es portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense y candidato a la alcaldía.
